Senadores que impul­san refor­mas a la leg­is­lación fed­er­al para empren­der un ataque frontal a las empre­sas fan­tas­ma, ven­ta de fac­turas y la sim­u­lación de opera­ciones fis­cales, plantean crear un rég­i­men de excep­ción, el cual per­mi­ta, como en el com­bate a la delin­cuen­cia orga­ni­za­da, el uso de tes­ti­gos colab­o­radores y pro­te­gi­dos, así como la inter­ven­ción de comu­ni­ca­ciones con­tra eva­sores y sim­u­ladores fis­cales.

Advierten que las autori­dades han iden­ti­fi­ca­do a célu­las de delin­cuentes fis­cales peli­grosos, “las cuales son gru­pos orga­ni­za­dos y sofisti­ca­dos que pro­mueven la evasión fis­cal, gen­er­an daños extra­or­di­nar­ios a la hacien­da públi­ca y provo­can un dese­qui­lib­rio en la esta­bil­i­dad económi­ca del Esta­do”.

En un doc­u­men­to en poder de EL UNIVERSAL, en el que se expo­nen los argu­men­tos de las refor­mas al Códi­go Fis­cal de la Fed­eración, a las leyes con­tra la Delin­cuen­cia Orga­ni­za­da y de Seguri­dad Nacional, y al Códi­go Nacional de Pro­ced­imien­tos Penales, para con­sid­er­ar como delin­cuen­cia orga­ni­za­da la defrau­dación fis­cal, la com­praven­ta de fac­turas fal­sas y la sim­u­lación de opera­ciones fis­cales, se hace notar que se bus­ca “jus­ti­cia fis­cal y penal”.

El proyec­to de dic­ta­men —que se pre­vé sea aproba­do durante el próx­i­mo peri­o­do ordi­nario que ini­cia en sep­tiem­bre— bus­ca com­bat­ir a las empre­sas fac­turado­ras de opera­ciones sim­u­ladas y a fir­mas fan­tas­ma.

En los argu­men­tos de defen­sa de estas ini­cia­ti­vas se pone énfa­sis en que estos “gru­pos de delin­cuentes fis­cales peli­grosos” reú­nen las sigu­ientes car­ac­terís­ti­cas: tienen un obje­to social muy amplio, no cuen­tan con per­son­al o es insu­fi­ciente para efec­tu­ar las opera­ciones especi­fi­cadas en los com­pro­bantes, tam­poco tienen activos o son insu­fi­cientes para efec­tu­ar las opera­ciones especi­fi­cadas en los com­pro­bantes que expi­den. 

Desta­can que los ingre­sos de esos gru­pos son despro­por­ciona­dos en relación con las car­ac­terís­ti­cas del establec­imien­to mer­can­til que fac­tura, además emiten com­pro­bantes fis­cales cor­re­spon­di­entes a opera­ciones que no se realizaron.

“Es nece­sario atacar a estos delin­cuentes a través del rég­i­men de excep­ción de delin­cuen­cia orga­ni­za­da, el cual per­mite el uso de tes­ti­gos colab­o­radores”, se señala en los argu­men­tos en favor de las refor­mas a dichos orde­namien­tos.

Senadores con­sul­ta­dos detal­lan que en caso de que esté en peli­gro su vida, los tes­ti­gos deben ser pro­te­gi­dos, además de que “las escuchas” deben imple­men­tarse bajo autor­ización judi­cial, para ampli­ar la inves­ti­gación a estos gru­pos que aten­tan con­tra las finan­zas nacionales. 

Los argu­men­tos indi­can que, de acuer­do con el Ser­vi­cio de Admin­is­tración Trib­u­taria (SAT), en el país hay cer­ca de 9 mil empre­sas que fac­turan opera­ciones sim­u­ladas, expi­di­en­do, durante los últi­mos cin­co años, más de 8 mil­lones de fac­turas fal­sas que suman 1.6 bil­lones de pesos, con un daño al fis­co equiv­a­lente a 1.4% del PIB.

Los fru­tos de esta refor­ma se refle­jarán en la seguri­dad del país, en el equi­lib­rio y pros­peri­dad financiera de los mex­i­canos

“La refor­ma tiene por obje­to la jus­ti­cia penal y fis­cal. Tiene como pilar la lucha por la legal­i­dad y el Esta­do de dere­cho. Los fru­tos de esta refor­ma se refle­jarán en la seguri­dad del país, en el equi­lib­rio y pros­peri­dad financiera de los mex­i­canos. A través de la per­se­cu­ción de los deli­tos fis­cales se logra hac­er frente a la cor­rup­ción; además, se tienen iden­ti­fi­ca­dos qué desvíos mul­ti­mil­lonar­ios de recur­sos públi­cos ter­mi­nan en manos de fac­tureros”, se detal­la en los argu­men­tos.

El doc­u­men­to indi­ca que, al com­bat­ir este deli­to, podría haber un impacto pos­i­ti­vo en rubros como seguri­dad, infraestruc­tura, salud y pro­gra­mas sociales. Desta­ca que con los 1.6 bil­lones de pesos per­di­dos en opera­ciones sim­u­ladas entre 2013 y 2018 se pudieron con­stru­ir 221 hos­pi­tales, adquirir 472 mil ambu­lan­cias o 663 mil patrul­las.

Tam­bién, especi­fi­ca el archi­vo, se podrían con­stru­ir 77 segun­dos pisos como el de Per­iféri­co de la Ciu­dad de Méx­i­co, 295 desnive­les como el Mix­coac-Insur­gentes y 118 esta­dios de béis­bol, toman­do en cuen­ta el cos­to del Alfre­do Harp Helú.

Las mod­i­fi­ca­ciones en el Códi­go Nacional de Pro­ced­imien­tos Penales plantean elim­i­nar la hipóte­sis de exclusión de acuer­dos repara­to­rios y de sus­pen­sión condi­cional del pro­ce­so, cuan­do se trate de fac­turación fal­sa e inex­is­tente.

Sin embar­go en el artícu­lo 256 del códi­go, los senadores estip­u­laron que para el caso de deli­tos fis­cales y financieros, pre­via autor­ización de Hacien­da y a través de la Procu­raduría Fis­cal de la Fed­eración, “podrán ser apli­ca­dos los cri­te­rios de opor­tu­nidad, en caso de que el imputa­do aporte infor­ma­ción que coad­yuve en la inves­ti­gación del ben­e­fi­cia­rio del mis­mo deli­to, para que sea éste quien repare el daño”.

IM

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